Privatizaciones

A vueltas con las privatizaciones

El Partido Popular que gobierna en la Comunidad Autónoma de Madrid, llevado por su sectaria concepción ideológica del liberalismo, pretende privatizar 6 hospitales públicos- bajo la idea de externalizar servicios- aduciendo, como en el pasado, que la gestión privada es más barata y de más calidad. Esta medida ha sido

paralizada momentáneamente gracias a las grandes y constantes movilizaciones de los trabajadores de la sanidad y de una buena parte de la ciudadanía madrileña y al recurso presentado por la Asociación de Facultativos- AFEN- contra la publicación de los pliegos, argumentando que Sanidad cambió las condiciones de licitación cuatro días antes de cerrarse el plazo de presentación para las empresas que querían acceder a la gestión de esos hospitales. Dicho recurso fue admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora en enero de 2014 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Madrid devuelve los recursos presentados a los juzgados de origen y ordena, mientras tanto, la paralización del proceso. Ello significa un fuerte varapalo a las intenciones del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid.

Muchos ciudadanos madrileños se preguntan ¿Qué intereses hay detrás de esta medida?.¿Quién se beneficia de ella? No hay que olvidar que los procesos privatizadores no son una novedad pues ya se iniciaron con el primer gobierno socialista de Felipe González cuando se privatizaron empresas como Seat, Sidenor o Enagás. En 1985 existían un total de 130 empresas públicas estatales directas y alrededor de 850 indirectas (filiales). En los 80 el Estado controlaba directamente el 16,6% de la Bolsa española. Ahora bien, fue en el año 1996 con la llegada a la Moncloa del gobierno de José Mª Aznar cuando se le dio gran impulso al programa de privatizaciones y así un año más tarde el Estado colgó el cartel de “se vende” en la mayoría de empresas públicas. Así se vendieron Telefónica, Endesa, Repsol, Gas Natural, Iberia y otras.

El proceso de privatizaciones en España siempre se ha movido con el mismo patrón: primero una fuerte campaña de desprestigio de lo público y sus trabajadores acusándoles de ineficientes y a la par decir que lo privado es mejor y cuesta menos. Junto a ello plantear que la venta del patrimonio público sirve para aumentar los recursos del Estado. Ahora bien, la mayoría de las empresas privatizadas le han costado a la ciudadanía mucho dinero para que sean competitivas y cuando podrían dar beneficios se venden. ¿Por qué los capitales privados no compran empresas estatales en quiebra o con problemas e invierten dinero y las reflotan?. La respuesta es simple: no dan beneficio y no quieren invertir capital y arriesgarse. Es mucho más inteligente que esto lo haga el Estado, es decir, la ciudadanía mediante sus impuestos y posteriormente comprarlas a precios de saldo.

Ahora bien una vez privatizadas estas empresas  que fueron públicas ¿Tiene la ciudadanía un mejor servicio y a un precio más económico?. La respuesta es evidente: No. Además el Estado tiene la obligación de dar cobertura a la ciudadanía y conseguir para ella el máximo bienestar posible y lograr que sus servicios sean universales. Esto no se le puede pedir a una empresa privada. La realidad es que la privatización de empresas públicas en lugar de “corregir” los supuestos males causados por la intervención del Estado los ha profundizado al crear estructuras que no pretenden la mejoría del nivel de vida de la ciudadanía si no lograr el máximo beneficio para sus accionistas.

Vivimos en el mejor de los mundos posibles, por lo menos así no lo vendían los ideólogos neoliberales antes del gran crash financiero del 2008 debido a la explosión de la burbuja especulativa connatural con la actual fase del  capitalismo. A pesar de los estragos que la crisis está dejando en las condiciones de vida de millones de españoles los ideólogos del Partido Popular siguen pidiendo aligerar el Estado y ampliar el mercado eso sí, cada vez que alguna de sus empresas tenga un problema financiero no tendrán vergüenza en solicitar la intervención del “denostado” Estado.

Parece mentira que ya en el siglo XXI todavía tengamos que luchar para defender el muy frágil, en España, Estado del Bienestar y los Servicios Públicos amenazados por recortes y privatizaciones. Es un hecho probado en todas las latitudes que la privatización de los servicios que garantizan derechos básicos solo acarrea un aumento de los costes para los usuarios; obstáculos a menudo insalvables para la universalidad de su acceso; y degradación de su calidad. Esto sí, garantizando a sus gestores privados beneficios 
 exagerados. Gestores privados que debemos recordar, en el caso de los hospitales madrileños, tienen que

 ver con prominentes militantes del Partido Popular como son los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes que tras haber liderado la venta de hospitales públicos, cuando ejercían en el gobierno de la Comunidad de Madrid, están ahora vinculados a empresas directamente asociadas a este proceso privatizador o Ignacio López del Hierro, marido de la Secretaria General del Partido Popular Mª Dolores de Cospedal, vinculado a la empresa CAPIO que es una de las tres empresas que se reparten la concesión de los centros sanitarios madrileños y que aspira a salir beneficiaria en este nuevo proceso privatizador.

La ciudadanía madrileña tiene en los dos próximos años tres citas electorales: elecciones europeas, autonómicas y municipales. Está por ver si este nuevo intento privatizador cuestiona electoralmente al Partido Popular en la Comunidad de Madrid.