Juicio contra un dictador

Aquí os dejo una entrevista muy interensante de la revista "Pueblos".

Jazmín Barrios, presidenta del tribunal que dictó la sentencia contra el dictador guatemalteco Ríos Montt: “Quedó demostrado en el juicio que existió racismo y que éste fue la base para el delito de genocidio”

Iris Jazmín Barrios formó hace trece años parte del tribunal que condenó a los responsables del asesinato del obispo y defensor de derechos humanos gutemalteco Juan Gerardi. Hace unos meses, presidió el tribunal que dictó la sentencia contra el dictador Efraín Ríos Montt por delitos de genocidio y contra los deberes de autoridad. A pesar de la anulación de esta última sentencia y de tener que acompañarse de escoltas por las amenazas que lleva años recibiendo, continúa confiando en las posibilidades de la justicia guatemalteca. Uno de los últimos reconocimientos a su trabajo ha sido el Premio Derechos Humanos 2013 concedido por el Consejo General de la Abogacía Española.

Jazmín Barrios

- ¿Cuál es el trabajo del Tribunal de Alto Riesgo?
- Fue creado para juzgar los delitos que actualmente están azotando más a la ciudad de Guatemala, como feminicidios, parricidios, asesinatos, delitos de asociación ilícita o conspiraciones, y también genocidios. Dan seguridad a jueces, abogados defensores, fiscales y, sobre todo, a testigos. Los casos del conflicto armado se están juzgando ahora porque en su momento las víctimas no tuvieron acceso a la justicia en Guatemala. Fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que resolvió que debían ser investigados, juzgados y sancionados.
– ¿Tiene Guatemala hoy una legislación adecuada para tratar casos de derechos humanos o hay que juzgar estos casos fuera del país?
- Tenemos una legislación adecuada. Tenemos también un derecho convencional, lo que significa que las resoluciones emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de necesario cumplimiento en Guatemala. El Ministerio Público está obligado a investigar y los órganos jurisdiccionales a juzgar y sancionar esta clase de delitos. En ocasiones no somos jueces sólo a nivel de Guatemala sino también, podríamos decir así, americano, y debemos cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana. Tenemos las herramientas para poder trabajar no sólo a nivel de leyes penales, del derecho interno, sino también a nivel de derecho internacional.
- Sin embargo, algunas sentencias que han emanado de los tribunales de Guatemala en los últimos 20 años hacen dudar de si realmente es independiente el poder judicial. ¿Podéis los jueces dictar las sentencias que consideráis necesarias?
- Sí, y prueba de ello es que dictamos la sentencia en el caso de genocidio en el cual se juzgó a Efraín Ríos Montt. Mantenemos nuestra independencia judicial. Puede ser que en algún momento otras esferas de la judicatura a otros niveles puedan pensar diferente, pero eso no hace que los jueces que tenemos a nuestro cargo cierto tipo de casos no actuemos con respecto a la ley y mantengamos la independencia.
 - ¿Qué sintió usted cuando la nombraron jueza para un caso como el de Ríos Montt?

- Nada en particular, es parte de mi trabajo. Me dedico todos los días a llevar casos de Alto Riesgo.
- Pero Ríos Montt no es un ciudadano cualquiera, tiene cierta proyección internacional. Es expresidente, ex jefe del Ejército…
- El Derecho Penal es de acto, no de autor. Juzga los actos cometidos por las personas.
- ¿Cuál fue el elemento central de la sentencia que dictó contra Efraín Ríos Montt el tribunal que usted presidió?
- La sentencia la dictamos los tres jueces. En la parte principal aparece la identificación de la causa y del tribunal, la fecha de la sentencia, la identificación de los objetos procesales… Hay una parte muy bonita que dice: “En nombre del pueblo de la República de Guatemala, este tribunal dicta sentencia”. Ahí se menciona a los dos acusados[1]. Luego viene la identificación de los dos procesados y la acusación del Ministerio Público. Posteriormente, los hechos que se comprobaron durante el desarrollo del debate, el análisis y los razonamientos por los que el tribunal va a condenar o a absolver. Aparece la identificación de cada perito, cuál fue el peritaje y la valoración del tribunal. Después
viene el análisis de cada uno de los testigos y la valoración que damos a cada uno de los testigos.

Jazmín Barrios

Por ejemplo, en el peritaje histórico, el doctor Andrés Estrada hace una relación de la cultura de los ixiles, cómo se comunican con la naturaleza, la forma en que las mujeres van educando a los niños y manteniendo la cultura de generación en generación. Explica también por qué se sintieron tan agredidos, tan mortificados, cuando se les obligó a un desplazamiento forzoso. En su peritaje, Paloma Soria explica todo lo referente a los abusos sexuales de las mujeres en el área ixil. Si vamos al análisis de los testigos podemos encontrar que la mayor parte de mujeres habló de las violaciones por parte de soldados. También dentro del análisis de los testigos encontramos los mismos modelos o patrones de conducta utilizados para efectuar la muerte de forma violenta de miles de personas pertenecientes al grupo ixil, lo que también se corrobora con peritajes de los líderes clandestinos.
Realizamos un análisis y decimos por qué valoramos los peritajes, los testigos; por qué creemos en lo que las personas dijeron y cuál es la utilidad que tienen para determinar la responsabilidad de los hechos que se juzgan. Posteriormente encontramos un apartado en el que se habla de la responsabilidad penal de los acusados, que es la parte medular de la sentencia. Explicamos que en toda actividad humana existe una planificación, por mínima que sea. Logramos conectar la planificación de, valga la redundancia, el Plan Victoria 83, Victoria 82, y el Plan Sofía. Los dos primeros dan a conocer la forma en que se practicó la muerte de estas personas ixil. El Plan Sofía es directamente la ejecución, la práctica de todo ello.
- ¿A cuánto tiempo fue sentenciado Ríos Montt?
- En la parte resolutiva decimos que condenamos a 50 años por el delito de genocidio y 30 años por los delitos contra los deberes de autoridad. Al otro procesado se le absolvió. En la parte fundamental de la sentencia decimos que él, como jefe del Estado, tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el área ixil y podía haberlo evitado. Sin embargo, no lo hizo. Tenía la capacidad para hacerlo, pero no lo hizo.
- Es la primera sentencia por genocidio en Guatemala. ¿Qué supone esto?
- Este juicio presenta varios aspectos. Por una parte, da a conocer la Historia de todos los guatemaltecos. Por otra parte, también hace justicia a las víctimas, aplica un debido proceso y da a conocer que existe igualdad para juzgar y que, sea la persona que sea la que lo haya cometido, tiene una responsabilidad ante el pueblo de Guatemala y ante la Justicia guatemalteca.
- Ha habido sectores en Guatemala que han dicho que los jueces que han sentenciado han tenido presiones externas. ¿Es cierto esto?
- No tuvimos presión, salvo la de los medios de comunicación. No recibimos amenazas contra nosotros. Creemos firmemente en la independencia judicial y eso lo dimos a conocer en nuestra forma de actuar. Nadie nos obligó a dictar esa sentencia, sino que cumplimos con nuestro deber. Lo que sí existió, y en ello quiero hacer mucho énfasis, fue presión a través de los medios de comunicación, una campaña sistemática: cambiando las noticias, no dando a conocer lo que realmente se estaba produciendo en el juicio… Creo que quienes sí lo dieron a conocer fueron los medios de comunicación internacionales, pero los medios de comunicación de mi país se centraron en ayudar a la defensa de los acusados.
- ¿Qué opinión tiene de lo que ha pasado posteriormente, del trato judicial a Efraín Ríos Montt? Hay sectores que dicen que esa sentencia es papel mojado, diferentes interpretaciones del día después.
- La sentencia fue anulada. En ningún momento se dijo que estuviese mal elaborada, mal fundamentada. Se anuló para dejarla sin efecto, sin entrar a conocer su contenido. Respeto lo que dijo la Corte de Constitucionalidad, más no lo comparto.
- En Guatemala sigue habiendo un alto índice de homicidios, secuestros, vulneración de derechos humanos… ¿Qué se puede hacer para bajar estos índices escandalosos?
- Hay que ordenar las ideas. Cuando ocurre un delito se culpa al organismo judicial, al sistema de justicia, pero el “antes” no corresponde al organismo judicial. Hay que definir y mejorar las políticas criminales, hay que prevenir. La investigación la hace el Ministerio Público y nosotros llevamos a cabo un juicio. A nosotros nos corresponde sancionar si es que existe culpabilidad y si se demuestra la responsabilidad penal de los acusados. Pero, antes de que se cometa el delito, tienen que intervenir políticas para prevenir.
- ¿Tienen medios los tribunales guatemaltecos para dar respuesta a tal avalancha de vulneración de derechos humanos?
- Sí, pero se deben crear más tribunales. Ha crecido la población guatemalteca, somos aproximadamente unos dieciséis millones de personas. Sin embargo, los que siguen funcionando son los mismos que antes.
- Los jueces de Guatemala sólo pueden estar cinco años en determinados cargos y luego son renovados. ¿Sería necesaria una revisión de la carrera judicial?
- De acuerdo con la Constitución, nos corresponden cinco años en el cargo y cada cinco años somos evaluados nuevamente. No existe, en el fondo, una verdadera carrera judicial. Hay carrera cuando se tiene la posibilidad de ascender pero, en nuestro caso, sólo cumplimos esos cinco años y se renueva nuestro contrato si hemos cumplido con los requisitos. Lo que todos los jueces queremos es que exista realmente esa carrera judicial que nos permita tener mayor independencia en la judicatura y mayor estabilidad laboral.
- Si el desempeño de un juez es evaluado cada cinco años, ¿no se puede ver presionado en cuanto a las sentencias?
- Creo que puede generar inestabilidad laboral y puede, en algún caso, influir en el ánimo de algún juez. Es una cuestión eminentemente personal y de orden ético, que de hecho no debería darse. Pero puedo responder por mí misma, no por todos los demás.
- Después de haber presidido el tribunal que ha dictado la sentencia sobre Ríos Montt y después de que esa sentencia haya sido anulada, ¿cuál es su porvenir en la carrera judicial? Hay quienes dicen que se ha terminado.
- No lo creo. El año pasado fui confirmada para seguir trabajando como jueza presidenta del Tribunal de Alto Riesgo. No hay ningún motivo por el que puedan decirme que no puedo seguir como jueza. Ahí está la evaluación correspondiente. Si no fuera así, estarían violando mi independencia judicial y mis derechos laborales.
- ¿Podemos decir que ya no hay racismo sobre los indígenas, por lo menos en el aparato judicial?
- El hecho de que exista o no exista racismo no depende de la judicatura, son dos cosas diferentes. El racismo es un aspecto que debemos de ver desde lo puramente sociológico, no depende de la judicatura. Como jueces tenemos que aplicar el principio de igualdad sin diferencias en cuanto a aspectos económicos, políticos, sociales o pertenencia a un grupo étnico. Lo que sí quedó demostrado en el juicio es que existió racismo y que éste fue la base para que se diera delito de genocidio.
- Algunos organismos internacionales y el propio Gobierno de Guatemala han llegado a la conclusión de que había deficiencias en el tratamiento a los derechos humanos en el país. Eso ha llevado a que instancias de Naciones Unidas o la propia Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) estén presentes en Guatemala. ¿Qué opinión tiene usted de estas instituciones?
- Creo que es positivo, que el acompañamiento que se ha dado a nivel internacional ha permitido que Guatemala mejore en cuanto al respeto de los derechos humanos. La creación de la CICIG ha servido para que se puedan juzgar en Guatemala casos que son importantes dentro de la misma sociedad y para que se realicen las investigaciones en una mejor forma, acompañando al Ministerio Público.
- Llaman la atención fuera de Guatemala los asesinatos de mujeres. ¿Cómo valora judicialmente el tratamiento de esta lacra? ¿Se está avanzando?
- En Guatemala se le ha dado amplia difusión y apoyo a los tribunales y juzgados de feminicidio. Actualmente hay dos juzgados y también dos tribunales de feminicidio, que tienen altas cuotas, por decirlo así, de casos. Se les ha dado un amplio apoyo a nivel de recursos humanos y tienen sus propias sedes desde 2012. En todas las instituciones se apoya a las mujeres para que puedan hacer sus denuncias cuando son víctimas de cualquier delito de violencia contra la mujer. A los familiares de las víctimas de feminicidio también se da el apoyo necesario por parte del Ministerio Público, en lo que es la investigación, y en las judicaturas, para iniciar los procesos correspondientes.
- Una jueza honesta y de renombre internacional como usted, ¿siente miedo, se siente amenazada?
- He sufrido muchísimas amenazas desde el primer año que ejercí la judicatura, pero en este caso de genocidio no fueron directas. He tenido amenazas por el caso Gerardi[2] y también de otros, aunque a veces no se llegan a determinar los casos de los que proceden. Por el caso de genocidio he tenido amenazas a través de los medios de comunicación. Es decir, que utilizaron otro tipo de procedimiento, por decirlo así, o un mecanismo diferente.
- ¿Tiene que llevar escolta?
- Sí, siempre. Pero prefiero no decir exactamente el número. Me conduzco en carro blindado al trabajo.
- Los medios de comunicación han ejercido mucha presión sobre usted, llegando a airear aspectos de su vida personal. ¿Cómo lo lleva?
- Con naturalidad. Respeto el trabajo de los medios, pero creo que debe hacerse sin dañar a las demás personas. Constituyen el cuarto poder y son los que difunden las noticias. Lo que me gustaría es que trataran de ser objetivos, que trasladasen las ideas y las cosas tal y como ocurren, que no las tergiversasen, porque eso da margen a que las personas piensen de forma equivocada sobre lo que realmente estamos haciendo quienes trabajamos en la judicatura.
- ¿Hay alguna otra cuestión que quiera aclararnos o ampliarnos?
- Pueden seguir confiando en la justicia guatemalteca. Los jueces, mis compañeros y yo, somos personas íntegras y dictamos la sentencia de genocidio basándonos en las pruebas que se presentaron.

NOTAS: 

1. El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo condenó en mayo de 2013 a 80 años de prisión a José Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y delitos de deberes contra la humanidad. Absolvió de los mismos cargos a José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de Inteligencia Militar.
2. Jazmín Barrios formó parte del tribunal que condenó a 20 años de prisión a los exmilitares que participaron en el asesinato del obispo y defensor de los derechos humanos Juan Gerardi.

Bolivia

Bolivia: Multinacionales y proceso de cambio

La ideología neoliberal que guía las políticas económicas y sociales en la mayor parte del planeta considera a las transnacionales como agentes que favorecen el desarrollo. Un buen ejemplo que cuestiona esa teoría es el resultado que ha tenido para Bolivia el desarrollo del neoliberalismo. Impulsado en la época de los 80, con la promesa del progreso y la mejora de la calidad de vida, la realidad es que un alto porcentaje de la población boliviana sigue viviendo en la pobreza. La atracción de las multinacionales y su actividad sin ningún tipo de control profundizaron las desigualdades y causaron la vulneración de los derechos fundamentales de la población. La respuesta social a esta situación tuvo formas de grandes

movilizaciones- como la mantenida por el pueblo de Cohabamba contra la privatización del agua potable- que rechazaban las políticas neoliberales. Hoy estamos en otro momento histórico, un dirigente indígena del

pueblo Aymara preside el Estado Plurinacional de Bolivia. Evo Morales sorprendió al mundo demostrando que los pueblos indígenas estaban preparados para gobernar pero también los expuso a ser sujetos de crítica por sus actuaciones de gobierno. En este sentido cabría preguntarse ¿Cuál es la relación del actual gobierno con las multinacionales?.

Álvaro García Linera, actual Vicepresidente de Bolivia decía hace unos días a su paso por Madrid que “Bolivia está en una fase de revolución democrática y cultural. Algo que en Europa ha pasado hace dos siglos nosotros lo estamos viviendo ahora con el acceso de la mayoría de la población a los puestos del Estado” y añadía “Estamos queriendo construir un Estado con las estructuras del viejo”. “No debemos olvidar que hasta hace poco los poderosos de Bolivia decían: este indio no  va a aguantar cuatro meses”.

Bolivia, en algunos aspectos, es un ejemplo para el resto de países latinoamericanos para ver lo que ocurre cuando toda una nación es sometida a los intereses del capitalismo depredador extranjero gracias al servilismo y la corrupción de sus gobernantes y cómo se puede modificar esa situación y lograr avanzar, aunque tímidamente y con grandes contradicciones hacia un Estado más democrático, más participativo, más inclusivo, más respetuoso con los derechos de la naturaleza y donde las multinacionales tengan que sentarse a dialogar con el Estado y no sentir que no tienen limitación alguna en sus actuaciones.

El rol que desempeña Bolivia en el contexto internacional, que le fue impuesto por la élite gobernante y los estados imperialistas, la dejo presa de la exportación de materias primas en ciclos económicos de auge y crisis que se caracterizan por estar determinados por los precios internacionales. Desde la colonia se han conocido el ciclo de la plata, del guano y el salitre, caucho, el estaño, del petróleo y del gas natural. En la actualidad Bolivia concentra sus exportaciones en menos de tres sectores: hidrocarburos, minería y agrícola (con predomino de la soya). Ello implica que los sectores de inversión con mayores impactos en la biodiversidad son también los más importantes de la economía boliviana. Se trata de los sectores de hidrocarburos y energía, minería y agricultura, además de la construcción de infraestructura necesaria para garantizar el funcionamiento de los mismos.

Bolivia es un país abundante en  recursos naturales pero con escasez de capital para enfrentar grandes explotaciones. Esta escasez viene derivada de que los gobiernos que se han sucedido en los últimos 60 años hasta que llegó Evo al gobierno han esquilmado las arcas públicas y evadido esos capitales al extranjero, por ello Bolivia necesita de Inversión Exterior Directa. Esta en sí no es dañina para el país y puede contribuir a un mayor grado de desarrollo considerando: los términos de relación contractual (ventajas para el estado y/o el inversor), la calidad de la inversión (vs. Cantidad) y su sostenibilidad (vs. Volatibilidad o estancamiento).

La IED en 2013 (fecha de junio) fue de 962,5 millones de dólares y se prevee que en 2014 aumente en un 6%. Entre los países inversores destaca España con un 43% y después países como EE.UU, Suecia y Brasil. Hoy no se puede pensar en la situación económica del país sin analizar la presencia de empresas como Repsol, Banco BBVA, ABB o Petrobrás. Junto a estas empresas  es notoria la mayor presencia de multinacionales chinas.

Tenemos que recordar que Evo Morales llegó al gobierno con el apoyo de la mayoría de los movimientos sociales y presentó un Plan Nacional de Desarrollo que criticaba al desarrollismo occidental y buscaba una forma alternativa que se denominó “Vivir Bien”, Posteriormente acuñó un famoso eslogan para relacionarse con las transnacionales “Bolivia necesita socios, no patrones?.

Así el gobierno de Evo se mueve en un proceso complejo y contradictorio que le ha enfrentado a parte de su propia base social como son los pueblos indígenas amazónicos o los trabajadores mineros y sin olvidar alzamientos como el gasolinazo en El Alto que le obligó a dar marcha atrás en el alza de los precios de los combustibles líquidos. El motivo principal de las contradicciones tiene que ver con la concreción del “Vivir Bien” que muchas veces tiene que ver con la presencia de las transnacionales en Bolivia. Así su gobierno pasó de amenazar con expulsar del país a multinacionales como Repsol a llegar a acuerdos  que proporcionen mayores rentas para el Estado o una mayor participación estatal en el negocio. A finales de 2013 El Presidente Evo amenazó a algunas ONG ambientalistas por sus críticas a la intervención de empresas extranjeras en suelo boliviano.

Las tensiones a las que se enfrenta el gobierno boliviano, al igual que otros gobiernos progresistas latinoamericanos, es como acceder a capital internacional y permitir la presencia de multinacionales en el país que sólo pretenden lograr su máximo beneficio con un desarrollo endógeno y respetuoso con el medio ambiente. ¿Puede Bolivia explotar sus numerosos recursos naturales sin dañar a las poblaciones indígenas que habitan esos territorios? ¿Puede un pequeño Estado como Bolivia imponer sus condiciones a multinacionales que tienen unos beneficios mayores que su propio PIB?. En este difícil proceso está el gobierno de Evo y algunas veces parece tomar medidas más cercanas a las trasnacionales lo que le lleva a conflictos con organizaciones sociales o con los pueblos indígenas –una muestra de ello es el conflicto del TIPNIS-.

Tal como decía al inicio Bolivia es un espejo en el que se miran otros procesos en América Latina y sobre todo aquellos con gran presencia de pueblos indígenas y la forma de resolver su relación con las transnacionales presentes en el país incidirá tanto en la estabilidad del propio gobierno de Evo  como en su imagen en el continente latinoamericano.

Privatizaciones

A vueltas con las privatizaciones

El Partido Popular que gobierna en la Comunidad Autónoma de Madrid, llevado por su sectaria concepción ideológica del liberalismo, pretende privatizar 6 hospitales públicos- bajo la idea de externalizar servicios- aduciendo, como en el pasado, que la gestión privada es más barata y de más calidad. Esta medida ha sido

paralizada momentáneamente gracias a las grandes y constantes movilizaciones de los trabajadores de la sanidad y de una buena parte de la ciudadanía madrileña y al recurso presentado por la Asociación de Facultativos- AFEN- contra la publicación de los pliegos, argumentando que Sanidad cambió las condiciones de licitación cuatro días antes de cerrarse el plazo de presentación para las empresas que querían acceder a la gestión de esos hospitales. Dicho recurso fue admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora en enero de 2014 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Madrid devuelve los recursos presentados a los juzgados de origen y ordena, mientras tanto, la paralización del proceso. Ello significa un fuerte varapalo a las intenciones del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid.

Muchos ciudadanos madrileños se preguntan ¿Qué intereses hay detrás de esta medida?.¿Quién se beneficia de ella? No hay que olvidar que los procesos privatizadores no son una novedad pues ya se iniciaron con el primer gobierno socialista de Felipe González cuando se privatizaron empresas como Seat, Sidenor o Enagás. En 1985 existían un total de 130 empresas públicas estatales directas y alrededor de 850 indirectas (filiales). En los 80 el Estado controlaba directamente el 16,6% de la Bolsa española. Ahora bien, fue en el año 1996 con la llegada a la Moncloa del gobierno de José Mª Aznar cuando se le dio gran impulso al programa de privatizaciones y así un año más tarde el Estado colgó el cartel de “se vende” en la mayoría de empresas públicas. Así se vendieron Telefónica, Endesa, Repsol, Gas Natural, Iberia y otras.

El proceso de privatizaciones en España siempre se ha movido con el mismo patrón: primero una fuerte campaña de desprestigio de lo público y sus trabajadores acusándoles de ineficientes y a la par decir que lo privado es mejor y cuesta menos. Junto a ello plantear que la venta del patrimonio público sirve para aumentar los recursos del Estado. Ahora bien, la mayoría de las empresas privatizadas le han costado a la ciudadanía mucho dinero para que sean competitivas y cuando podrían dar beneficios se venden. ¿Por qué los capitales privados no compran empresas estatales en quiebra o con problemas e invierten dinero y las reflotan?. La respuesta es simple: no dan beneficio y no quieren invertir capital y arriesgarse. Es mucho más inteligente que esto lo haga el Estado, es decir, la ciudadanía mediante sus impuestos y posteriormente comprarlas a precios de saldo.

Ahora bien una vez privatizadas estas empresas  que fueron públicas ¿Tiene la ciudadanía un mejor servicio y a un precio más económico?. La respuesta es evidente: No. Además el Estado tiene la obligación de dar cobertura a la ciudadanía y conseguir para ella el máximo bienestar posible y lograr que sus servicios sean universales. Esto no se le puede pedir a una empresa privada. La realidad es que la privatización de empresas públicas en lugar de “corregir” los supuestos males causados por la intervención del Estado los ha profundizado al crear estructuras que no pretenden la mejoría del nivel de vida de la ciudadanía si no lograr el máximo beneficio para sus accionistas.

Vivimos en el mejor de los mundos posibles, por lo menos así no lo vendían los ideólogos neoliberales antes del gran crash financiero del 2008 debido a la explosión de la burbuja especulativa connatural con la actual fase del  capitalismo. A pesar de los estragos que la crisis está dejando en las condiciones de vida de millones de españoles los ideólogos del Partido Popular siguen pidiendo aligerar el Estado y ampliar el mercado eso sí, cada vez que alguna de sus empresas tenga un problema financiero no tendrán vergüenza en solicitar la intervención del “denostado” Estado.

Parece mentira que ya en el siglo XXI todavía tengamos que luchar para defender el muy frágil, en España, Estado del Bienestar y los Servicios Públicos amenazados por recortes y privatizaciones. Es un hecho probado en todas las latitudes que la privatización de los servicios que garantizan derechos básicos solo acarrea un aumento de los costes para los usuarios; obstáculos a menudo insalvables para la universalidad de su acceso; y degradación de su calidad. Esto sí, garantizando a sus gestores privados beneficios 
 exagerados. Gestores privados que debemos recordar, en el caso de los hospitales madrileños, tienen que

 ver con prominentes militantes del Partido Popular como son los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes que tras haber liderado la venta de hospitales públicos, cuando ejercían en el gobierno de la Comunidad de Madrid, están ahora vinculados a empresas directamente asociadas a este proceso privatizador o Ignacio López del Hierro, marido de la Secretaria General del Partido Popular Mª Dolores de Cospedal, vinculado a la empresa CAPIO que es una de las tres empresas que se reparten la concesión de los centros sanitarios madrileños y que aspira a salir beneficiaria en este nuevo proceso privatizador.

La ciudadanía madrileña tiene en los dos próximos años tres citas electorales: elecciones europeas, autonómicas y municipales. Está por ver si este nuevo intento privatizador cuestiona electoralmente al Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

Mas y Rajoy esconden los recortes debajo de una bandera

La cuestión catalana

 Llevamos cuatro años metidos en lo que algunos políticos o periodistas llaman “la cuestión catalana” pero ¿podemos hablar de una cuestión catalana diferente a una cuestión aragonesa o andaluza. ¿Podemos decir que hay una singularidad en Cataluña que además de tener una lengua propia y una cultura definida le confiere la categoría de nación y por ello le da derecho a constituirse en Estado propio?. Yo creo que eso es muy discutible y de hecho se ha estado discutiendo en todo el devenir de la historia de España desde hace dos siglos. También podemos preguntarnos ¿Por qué salta esto ahora? ¿No será que la derecha catalana de Convergencia i Unió apoyada por Esquerra Republicana y la derecha española del Partido Popular apoyada por Ciutadans lo necesitan para que al situarse ambas en posiciones frentistas: Independencia para Cataluña dicen los unos y Unidad de la Nación Española dicen los otros lleve a la ciudadanía a posiciones sectarias y dogmáticas y se cree una cortina de humo que no deje ver la realidad económica y social que los recortes están llevando a toda la población viva en Barcelona, Sevilla o Valladolid o que se olviden de los numerosos casos de corrupción que asolan a ambas formaciones políticas. ¿Es este el momento de centrar la discusión política en estos términos o lo fundamental sería crear un gran Bloque político y Social que se opusiera a los recortes y que obligara a los gobiernos del Partido Popular y Convergencia i Unió a hacer realidad los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda y a un empleo digno?.

Pero la realidad es que la derecha española y catalana nos ha llevado a una discusión identitaria. Recordemos que la Constitución española de 1978 en su artículo 2 dice: “ La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible…”. También proclama que la organización territorial de España está basada en autonomías, una es la catalana.

Así mismo el Estatuto Catalán es la norma institucional básica de Cataluña que las Cortes Generales de España aprobaron en 2006 en el que se delimitó las competencias del estado y de la Comunidad Autónoma. Este fue aprobado en referéndum por la ciudadanía de Cataluña el 18 de junio de 2006 con un 73,24% de votos afirmativos sobre un 48,85% de participación. Este estatuto fue recurrido por el Partido Popular ante el tribunal Constitucional. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué se enfrentó a un Partido Político que había sido su apoyo de gobierno en otras ocasiones y que antes y ahora votan muchas cosas en común y comparten funciones de gobierno en la Diputación de Barcelona?.

El 28 de junio de 2010 mediante la sentencia 31/2010 el Tribunal Constitucional resolvió por 6 votos a favor y 4 en contra la Constitucionalidad de la mayor parte del texto pero declaró inconstitucionales algunos artículos. Ello provocó que el 10 de julio de 2010 tuviera lugar en Barcelona  una gran manifestación

interclasista (iban juntos desde representantes de la alta burguesía catalana a obreros de fábricas del Bajo Llobregat) de más de 1 millón de personas que bajo el lema “Som una nació, nosaltres decidimos” y reunió a todas las fuerzas políticas catalanas excepto al Partido Popular y a Ciutadans. De aquí partió todo el proceso que ha llevado a que la mayoría del Parlamento catalán- con la oposición del Partido Popular, Ciutadans y la mayoría del grupo parlamentario del PSC- haya aprobado una consulta para el 9/11/2014 que tiene dos preguntas: ¿Quiere Usted que Cataluña sea un Estado? ¿Quiere qué sea un estado independiente?. Esta consulta se ha trasladado al parlamento español para que apruebe su celebración. El Presidente del gobierno Mariano Rajoy ya ha dicho que la consulta no se va a celebrar porque es inconstitucional.

Toda esta situación tiene dos vertientes: una jurídica y otra social. Si la mayoría de una Comunidad Autónoma quiere pronunciarse democráticamente  ¿Por qué no puede hacerlo?.Si la Constitución no lo permite ¿Por qué no se reforma para qué se pueda realizar?¿Las democracias políticas no han alardeado siempre de su superioridad al permitir a la ciudadanía expresarse con libertad? ¿Por qué lo qué se puede hacer en Canadá- caso Quebec- o en Gran Bretaña –caso Escocia- no se puede hacer en Cataluña?.

Vuelvo a insistir, no es casual que esto arrancara en 2010 fomento donde se profundiza la crisis bancaria y el paro se desboca dando lugar a movimientos de protesta contra el gobierno central del Partido Popular y contra el Gobierno de la Generalitat, ambos puestos de acuerdo y ejecutores de las drásticas reformas que están trastocando la realidad social y económica de la ciudadanía española y que llevará meses más tarde a las grandes movilizaciones del 15M que cuestionan el modelo económico, la restricción de libertades y exigien más Democracia.

Convergencia i Unió y Esquerra Republicana hablan de un Estado catalán independiente pero no dicen cómo será: ¿Será más democrático? ¿Más social? ¿Se reforzará la educación y la sanidad pública? ¿Se promoverá el empleo digno y de calidad? ¿Se proveerá vivienda para la gente más necesitada y se pararán los deshaucios? ¿Se dejará de criminalizar a los movimientos sociales?. No olvidemos que CIU apoyó en los gobiernos de Aznar y en el de Rajoy  las principales medidas económicas y sociales contra los trabajadores.

Sinceramente creo que CIU, como fiel representante de la burguesía catalana, quiere utilizar y manipular  las aspiraciones de una parte del pueblo catalán como moneda de cambio para pactar desde una posición de fuerza con el gobierno estatal. Creo que una real separación de Cataluña le traería a la burguesía catalana más desventajas que ventajas en cuanto a mejorar sus prebendas y su índice de beneficios.

Y mientras el partido Popular y CIU nos tengan todo el día discutiendo sobre esta situación no es posible buscar una alternativa real a la degradante situación actual de la ciudadanía española tal como expresaron los más de 200.000 manifestantes que acudieron el 24/10/2013 a la concentración en Barcelona contra las políticas derechistas de la Generalitat. Creo que es el momento de discutir en serio una salida progresista a la crisis y una articulación federal de España.